Ayer en Córdoba, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de una intensa jornada de trabajo, frmó esta Declaración los siguientes representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas gobernadas por el Partido Popular: Alfonso Rueda, Presidente de Galicia; Juanma Moreno, Presidente de Andalucía; María José Sáenz de Buruaga, Presidenta de Cantabria; Gonzalo Capellán, Presidente de La Rioja; Fernando López Miras, Presidente de la Región de Murcia; Carlos Mazón, Presidente de la Comunidad Valenciana; Jorge Azcón, Presidente de Aragón; Manuel Domínguez, Presidente de Canarias; María Guardiola, Presidenta de Extremadura; Marga Prohens, Presidenta de Baleares; Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de Madrid; Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de Castilla y León; Alberto Gaitán, en representación de Ceuta; Juan José Imbroda, Presidente de Melilla.
Dice así la Declaración de Córdoba:
"Las autonomías gobernadas por el PP se declaran con la Constitución, con España y contra la corrupción política y económica del PSOE.
El Partido Popular, reunido en Córdoba a través de su presidente nacional y de los presidentes y representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas que abajo figuran, consciente del grave momento que vive la Nación, consecuente con la gran responsabilidad que tiene como primer partido de España, y convencido de que el modelo de Estado amparado por la Constitución de 1978 sigue siendo la mejor garantía de nuestra convivencia y prosperidad porque en ella se reconocen la inmensa mayoría de los españoles, MANIFIESTA lo siguiente:
1. Rechazamos con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo.
La democracia española atraviesa hoy uno de los momentos más graves de su historia. Aunque la Constitución siempre ha contado con detractores en los partidos independentistas, éstos nunca como en la actualidad habían tenido tanta capacidad de influencia en el proyecto común de 48 millones de ciudadanos.
2. Mostramos nuestro frontal rechazo a la ley de amnistía, que es corrupción política, y nuestra voluntad de trabajar para frenarla ante todas las instancias posibles.
La extrema debilidad del Partido Socialista, sometido por voluntad propia al chantaje de las fuerzas políticas independentistas, le ha llevado a consumar el mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de Derecho con la aprobación de una ley de impunidad que blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido. Una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos.
3. Rechazamos toda forma de corrupción económica: exigimos al Ejecutivo explicaciones y dimisiones por la trama beneficiada en medio de la pandemia y el torpedeo a la investigación.
Nos comprometemos a seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales cualquier derivada de este desfalco en las arcas públicas, afecte a quien afecte. El intento del Gobierno central, a través de la ley de amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático y especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra hoy acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel, a la tercera autoridad del Estado y a otras instituciones o altos cargos del Ejecutivo.
4. Nos sentimos más convocados que nunca a revertir desde nuestras responsabilidades las desigualdades que se están generando. La igualdad no es una opción, es un derecho de todos los españoles.
Las Comunidades y Ciudades Autónomas somos Estado, por lo que, desde el legítimo ejercicio de nuestro autogobierno, acordamos activarnos al máximo que nos permitan nuestras competencias para preservar la igualdad y solidaridad que se están viendo menoscabadas. Consideramos inadmisible que la toma de decisiones y el reparto de recursos públicos se administren arbitrariamente según la necesidad parlamentaria del actual Gobierno, obviando los intereses generales. Gobernamos para el 70% de la población y, en consonancia con esa responsabilidad, el Partido Popular nunca se va a desentender de los problemas que afectan a los españoles, vivan donde vivan.
5. Reiteramos la exigencia de que se convoque de forma inmediata la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes.
Reclamamos participar, tal y como nos corresponde, en las cuestiones nacionales. La reiterada negativa del presidente del Gobierno a reunir la Conferencia de Presidentes acredita su falta de interés por nada que no tenga que ver con su mera continuidad en Moncloa. Una situación que contrasta amargamente con la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios en nombre de todos los españoles. Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda.
6. Renovamos nuestro deber de defender y reforzar el sistema autonómico.
Seguiremos gestionando con eficacia y lealtad para construir desde cada rincón de España una Nación plural de ciudadanos libres e iguales. Las victorias del Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, y más recientemente en los comicios gallegos del pasado 18 de febrero, ampliaron de forma histórica la responsabilidad del Partido Popular en toda España. Seremos consecuentes con ello, desde la convicción de que el Estado de las Autonomías es el mejor modelo territorial para conjugar la unidad de la Nación con la diversidad de las nacionalidades y regiones que conforman España.
7. El Partido Popular sí afirma categóricamente que el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles.
Advertimos de la responsabilidad histórica que todo el PSOE, sin excepciones de ninguna clase, está asumiendo al tratar de disfrazar la ley de impunidad como un ejercicio de reconciliación, que no es real, ni específicamente en Cataluña ni tampoco en el conjunto de España. Más allá de la inmoralidad e ilegalidad del texto legislativo, su impulso ya ha derivado en la división de nuestro país en dos y en que el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente. Condenamos que el socialismo facilite impertérrito todo ello."
