Como decía en la entrada anterior, debatimos esta mañana en el pleno de Congreso el dictamen del Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Me correspondió fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Estas fueron mis palabras tal y como constan en el acta taquigráfica:
"Señora presidenta, señorías, debatimos esta mañana el dictamen del proyecto de ley de creación de una autoridad administrativa independiente para investigar técnicamente los accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil; una autoridad multimodal que va a ejercer las funciones que actualmente desarrollan las tres comisiones especializadas que ya existen, que están adscritas orgánicamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pero que están en régimen de independencia funcional.
A los presidentes, a los vocales, a los directivos y al personal investigador de estas comisiones les quiero reconocer su trabajo, que va a continuar hasta que, después de aprobar esta ley, se constituya la nueva autoridad.
Y también quiero enviar nuestro recuerdo a las víctimas de los diferentes accidentes que han ocurrido en estos tres modos, pero no solo los que han sido citados, sino al conjunto de ellos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, los ponentes Cristina Teniente, Juan Antonio Rojas y quien les habla preparamos nueve enmiendas con total ánimo constructivo para mejorar un proyecto de ley que era exactamente igual al que entró en la pasada legislatura a tramitación, que no se pudo culminar justamente por la disolución anticipada.
Fruto de este trabajo parlamentario en Comisión fueron aceptadas tres enmiendas, y también hemos transaccionado otras tres con el objetivo de mejorar el procedimiento de investigación en su fase de inicio, para que tuviese lugar tan pronto se conociera que han ocurrido, incluyendo la referencia a que la persona que ostente la Presidencia de esta autoridad no solo tendrá que tener reconocido prestigio, sino también una experiencia y un conocimiento en seguridad en el transporte y previendo, por ejemplo, una unidad de apoyo técnico para dar soporte a las direcciones de investigación.
Defendemos en este Pleno la única enmienda que ha quedado viva del Grupo Parlamentario Popular, que es la enmienda 136, que propone la modificación del apartado 2 del artículo 27, en el sentido de incluir en la ley la previsión de que el personal investigador de la autoridad no pueda ser requerido por los órganos judiciales para emitir informes periciales sobre accidentes o incidentes sobre los que investigue o haya investigado.
Lo hacemos atendiendo a una sensata propuesta del Consejo Fiscal en aras de asegurar la independencia y la investigación técnica del personal de la autoridad de las actuaciones que realizan los órganos judiciales. Consideramos que esto en modo alguno afecta al cumplimiento del artículo 118 de la Constitución, que obliga a que todos colaboremos con los jueces y tribunales en la tramitación de los procesos.
Y jamás debemos olvidar que la finalidad de la investigación técnica de esta autoridad, como de las comisiones que hoy están haciendo esas funciones, es establecer causas del accidente o incidente y la formulación de recomendaciones de seguridad para evitar que se produzcan nuevos accidentes, pero bajo ningún caso persigue la investigación técnica determinar culpabilidades o atribuir responsabilidades.
Señorías, por lo que hemos dicho hasta este momento, quizás todos pensarían que nuestro voto en Comisión debería haber sido positivo o, en todo caso, una abstención, y votamos en contra. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hoy no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de dos proyectos de ley; porque a través de una enmienda que ha sido incluida en el dictamen, la disposición final nueva, se está aumentando el límite de endeudamiento de ADIF-Alta Velocidad y de Renfe-Operadora para el ejercicio 2024 en unas cifras que les paso a comentar.
En el caso de ADIF, sería un incremento para endeudarse hasta 1.750 millones de euros en 2024 para deudas a largo plazo y, en el caso de Renfe-Operadora, para que se incremente su endeudamiento hasta el límite de 800 millones de euros en el ejercicio 2024 para deudas a corto y a largo plazo.
¿Esto es algo regular o irregular? A nuestro juicio, es manifiestamente ilegal. Se está incumpliendo la Ley General Presupuestaria, la Ley 47/2023, en cuyo artículo 111.2 se determina que solo se pueden concertar operaciones de endeudamiento de los entes públicos empresariales a través de la Ley General de Presupuestos del Estado. Claro, el Gobierno socialista ha incumplido una obligación, la mayor obligación que tiene un gobierno, que es traer el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a esta Cámara.
Ni tan siquiera los han traído. Por lo tanto, en aplicación de la ley, están prorrogados los presupuestos del año 2023, que determinan muy claramente en su artículo 47.1 los límites de endeudamiento para el año 2023, prorrogados a 2024, de ADIF y Renfe.
Así que estamos hablando de que Renfe no podría sobrepasar 622 millones de euros de endeudamiento y ADIF-Alta Velocidad, 1.191. Pues bien, si se aceptan estas enmiendas que se han incluido en el dictamen, nos encontramos con que ADIF-Alta Velocidad pasa a incrementar su endeudamiento en 558 millones y Renfe-Operadora en 258 millones; es decir, se incrementarían en un 41 y en un 47 %.
Simplemente, es una actuación ilegal, es manifiestamente irresponsable y, además, incumple lo previsto en el convenio entre la Administración General del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF-Alta Velocidad.
Señorías, 800 millones de euros adicionales de endeudamiento. En el caso de ADIF, ya tiene en este momento una deuda auditada a 31 de diciembre de 2023 de 17.414 millones de euros.
Bueno, nos tomamos a la ligera estas cuestiones, pero, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no se puede tomar a la ligera estas cuestiones porque afectan al erario público. (Aplausos). Hay que tomárselo en serio. El Parlamento es algo serio. No se puede, a través de una enmienda en un proyecto de ley con una temática totalmente ajena, introducir este tipo de enmiendas.
Es cierto que hemos transaccionado otras enmiendas que no tienen exactamente que ver con el proyecto de ley en materia portuaria, pero no tenían esta afectación al gasto público ni lógicamente afectaban a una ley tan importante como la Ley General Presupuestaria y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Además, esto se produce en el marco de una transacción entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario SUMAR con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, en un momento político en el que se está hablando claramente de una financiación unilateral con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que se habla de 15.000 millones de euros de condonación o de financiación adicional; en un contexto en el que no se traen leyes a este Parlamento, como tendría que ser la de presupuestos —se dice que porque no se tienen los votos suficientes— y, sin embargo, se trae una ley que ha creado una división extraordinaria en la sociedad española como la ley de amnistía y, por supuesto, entre los grupos políticos, y para esa sí que hay apoyo.
Señorías, nosotros queremos actuar en los procedimientos parlamentarios con seriedad y, por eso, nuestro sentido de voto se expresará justamente en eso, en unos términos de seriedad. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos). "
