El pasado 27 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible sobre el Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El texto salió adelante por 178 votos a favor, 137 en contra (Partido Popular) y 33 abstenciones (Vox), y se remitió al Senado, para seguir el procedimiento de tramitación parlamentaria.
Ayer en el Pleno del Senado se debatió el dictamen del citado Proyecto de Ley que fue presentado por el presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, senador Carnero García.
Por parte del Grupo Popular intervino la senadora Hernández Rodríguez y el senador Juan José Sanz Vitorio.
La primera agradeció a los compañeros del Congreso de los Diputados del Grupo Popular que hubieran mejorado, con la presentación de nueve enmiendas, este proyecto de ley.
Y añadió que "Esta ley no es nueva, esta ley lleva muchísimo trabajo, porque les recuerdo, señorías, que es de la legislatura anterior. Lo que pasa que el presidente Sánchez, de forma unilateral, decidió convocar elecciones y disolver las Cámaras, con lo que fue otro texto legal que quedó en el cajón, y han tardado nada más y nada menos que un año en traer este proyecto de ley, eso sí, por urgencia, pero con un retraso más que considerable".. "Nosotros en esta Cámara hemos presentado dos enmiendas que se han incorporado a la ponencia y hemos transaccionado con el BNG, con Coalición Canaria y con el Grupo Socialista dos enmiendas más."
"Esta ley está inspirada por los principios de transparencia, de participación y de cultura justa a lo largo de todo el proceso. Y, además, la disposición adicional octava contempla que los distintos ministerios afectados tengan que aprobar un protocolo de actuación para proteger precisamente a las víctimas cuando ocurre el accidente del que se trate. Pero, además, en el Partido Popular hemos sido sensibles con las peticiones de las asociaciones de víctimas y, considerando su derecho y el de sus familiares a que estén regulados y protegidos, hemos accedido a transaccionar y a aceptar la enmienda del BNG y de Coalición Canaria, transaccionada también con el Grupo Socialista, para crear la unidad de asistencia familiar que dependa directamente de la presidencia y no de la secretaría general, como estaba en el texto legal. Consideramos que los derechos de las víctimas están perfectamente recogidos y consagrados en la ley, pero, aun así, se le da un enfoque humano para que estén perfectamente atendidos desde el accidente y se les reciba y se les haga partícipes desde el comienzo y en todas las fases del procedimiento.
El texto que nos llegó del Congreso de los Diputados consideramos que ha sido mejorado con dos enmiendas incorporadas, como ya he dicho con anterioridad. La primera es una enmienda por recomendación del Consejo Fiscal, una enmienda donde se modifica el artículo 27.2 para preservar la independencia de estos funcionarios que forman parte de la autoridad administrativa independiente, para que cuando actúen como peritos en la investigación de un accidente, no sean llamados por la autoridad judicial para también actuar como peritos judiciales. Esto sin perjuicio del artículo 118 de la Constitución, que establece el deber de colaborar de todas las personas con los jueces y tribunales, con los juzgados. Esta modificación es una recomendación del Consejo Fiscal, y por ello la hemos incorporado al texto de la enmienda. No hay que olvidar que esta autoridad independiente no busca depurar responsabilidades, no busca culpabilidades, sino que busca precisamente detectar los fallos para corregirlos en un futuro y proponer protocolos de actuación o enmiendas para que se corrijan.
La segunda enmienda es, a nuestro juicio, la más importante. Aquí es donde está el quid de la cuestión, porque con esta enmienda suprimimos la disposición adicional novena. Porque ustedes, senadores del Grupo Socialista, con sus socios de Gobierno, Sumar, han introducido una enmienda que no estaba en el texto inicial para conseguir incrementar la capacidad de endeudamiento de Adif y de Renfe. Una auténtica barbaridad. Una vez más, el presidente Sánchez hace de la necesidad virtud y coge una ley demandada y esperada por las víctimas, cuya tramitación tarda un año, y como se habla de accidentes ferroviarios, aprovechando que se dice ferroviarios, mete por la puerta de atrás incrementar la capacidad de endeudamiento de Renfe y de Adif. Un incremento ilegal a todas luces.
Un incremento ilegal porque esta capacidad de endeudamiento ya está prevista en la Ley General Presupuestaria, que establece que las entidades financieras, en el artículo 111, solo se podrán endeudar en los límites que establezca la propia Ley presupuestaria de cada año. Claro está, para empezar, es que Pedro Sánchez nos ha hurtado esa capacidad de conocer el proyecto de presupuestos y ha incumplido su obligación constitucional de llevar el presupuesto a las Cámaras. Luego estamos trabajando con la Ley de presupuestos de 2023. En esta Ley de presupuestos de 2023 ya están los límites de endeudamiento recogidos y lo que hacemos es incrementarlos. Si Renfe tenía previstos 622 millones, le damos 880 adicionales, lo que hace un total de 1502 millones. Y si Adif tenía previsto en la Ley de presupuestos un nivel de endeudamiento de 1191 millones, le damos 558 adicionales, lo que hace un total de 1749 millones de euros. Esto es incrementar el nivel de endeudamiento en un 41 % y un 47 % respectivamente. Al Grupo Popular le parece una auténtica barbaridad, una irresponsabilidad y, además, es ilegal".
Sobre la base de varias enmiendas del Grupo Plural (Junts, C. Canaria, BNG y la Agrupación Herreña Independiente, AHI), el Grupo Popular apoyó una transaccional para añadir una nueva disposición adicional por la que se creará una unidad de asistencia familiar. Dependerá directamente de la presidencia de la propia Autoridad Administrativa Independiente y atenderá a las necesidades de las víctimas y sus familiares.
Y fueron aprobadas dos enmiendas del Grupo Popular.
La que impide que el personal investigador de la Autoridad pueda ser llamado por órganos judiciales para emitir informes periciales sobre accidentes o actuaciones sobre los que esté investigado o haya investigado.
Y la que suprime la disposición adicional novena, por la que el Gobierno pretende aumentar el límite de endeudamiento de ADIF-Alta Velocidad y RENFE-Operadora en 1.750 millones de euros y 880,6 millones respectivamente durante el ejercicio 2024.
El texto
enmendado por la ponencia fue aprobado, ya que obtuvo a favor, 148 (PP,
Junts, Compromís, UPN y AHI); en contra, 109 (PSOE, ERC, EH Bildu, PNV,
Geroa Bai, M. Madrid, ASG, Independiente Eivissa, Compromís);
abstenciones,(Vox)
El resto del
texto proveniente del Congreso y no modificado fue aprobado, ya que
obtuvo favor, 258 (PP, PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, UPN, Geroa
Bai, M. Madrid, ASG, Independiente Eivissa, Compromís, CC y AHI); abstenciones,
3 (Vox).
Ahora se dio traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este la próxima semana se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.
