sábado, 20 de julio de 2024

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto para 2025

 

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes 23 de julio, en sesión extraordinaria, los acuerdos del Gobierno por los que, por un lado, se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para este año, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y se establecen los del periodo de 2024 a 2026.

La sesión comenzará a las 10:00 horas con el debate de
toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a iniciativa de los grupos Socialista y SUMAR.

Según consta en la exposición de motivos, el texto pretende introducir un nuevo artículo en la Ley Orgánica de Extranjería “esta ley con la finalidad de declarar la existencia de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios principalmente afectados (Canarias, Ceuta y Melilla) y la aprobación consiguiente del Plan de respuesta a tales situaciones”.

Dictámenes de comisiones

A continuación, la Cámara Baja abordará los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, se abordará el dictamen emitido por la Comisión de Justicia respecto a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La proposición de ley orgánica “incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados o magistradas del Tribunal Supremo” y establece en qué situaciones se deberá declarar la situación de excedencia voluntaria de jueces y magistrados y magistradas.

En lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial, se introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado como vocal del organismo por el turno de juristas de reconocida competencia entre otros asuntos. Atendiendo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el texto establece que no podrá ser propuesto como Fiscal General del Estado “quien, en los cinco años anteriores, bien haya sido nombrado titular de un Ministerio o de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un gobierno autonómico o de una Alcaldía o haya tenido la condición de eurodiputado, diputado o senador, o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma”.

Acto seguido, el Pleno debatirá el dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales. El objeto de la norma es el establecimiento un régimen jurídico básico de las personas funcionarias que tengan la condición de agentes forestales y medioambientales.

Para finalizar con estas iniciativas, la Cámara se pronunciará también sobre el dictamen del Proyecto de Ley de bomberos forestales. El objeto de esta ley es establecer un marco de regulación de las funciones propias del personal que, en el ejercicio profesional de bombero forestal, realice actividades de extinción de incendios forestales.

Enmiendas del Senado

La sesión continuará con los debates de las enmiendas introducidas por el Senado a dos proyectos de ley, finalizando así su tramitación parlamentaria.

En primer lugar, se debatirán las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. El objeto de dicha ley orgánica, según se expone, es "avanzar en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad" y "ahondar en el citado principio de presencia o composición equilibrada, hasta el punto de exigir una representación paritaria en determinados ámbitos y órganos". 

Seguidamente, se abordarán las enmiendas de la Cámara Alta al Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, por el que se regula un nuevo organismo único que asume las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, hasta ahora atribuidas a las tres Comisiones adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

Debates sobre un Real Decreto-ley y el objetivo de estabilidad presupuestaria

El Congreso también decidirá sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

A continuación, se abordará el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025.

Consejo General del Poder Judicial

Por último, el Pleno realizará la propuesta de nombramiento de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que corresponden a la Cámara Baja. Los candidatos propuestos deberán obtener, al menos, el apoyo de tres quintos de los miembros del Congreso.

Tal y como establece el artículo 122 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

De estos, ocho son elegidos por las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. Para ser nombrados necesitan recabar el apoyo de una mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara en una votación en Pleno.

A estos se añaden doce vocales elegidos entre Jueces y Magistrados en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, cada una de las Cámaras deberá elegir, por mayoría de tres quintos, a seis vocales del turno judicial. Estos candidatos deberán contar con el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una Asociación judicial.