En mi intervención puse de relieve que "es una de las autopistas con los peajes más altos de España" ya que tiene un coste medio de 8,77 cts/km (sin IVA), frente a los 7,05 cts/km de tarifa media de la AP-9, después de las bonificaciones aplicadas este verano, o los 6,06 cts/km de las autopistas autonómicas.
Además esta situación hay que añadir que esta infraestructura no cuenta actualmente con ningún tipo de bonificaciones. Y que su período concesional se extiende hasta el año 2074.
La situación actual incrementa el riesgo desde el punto de vista de la
seguridad vial: en el tramo de autovía autonómica (libre de peaje) circulan
8.500 vehículos al día frente a los 1.500 que registra el tramo paralelo de la
carretera nacional N-525.
No obstante, el tráfico por la N-525 se eleva hasta los 10.000 vehículos en el tramo paralelo a la AP-53, de titularidad estatal y de peaje.
En definitiva, la situación del eje Santiago – Ourense no tiene lógica, con un tramo de
peaje del Estado y otro que no lo tiene de la Xunta de Galicia. Esta situación
distorsiona el uso de la red de carreteras, con una AP-53 infrautilizada y una
N-525 que entre Santiago y Ourense sólo tiene tráfico en el tramo paralelo a la
autopista de peaje.
El coste de un peaje en sombra en AP-53 se puede estimar en 10,5 M€ en el primer año.
Desde nuestro punto de vista, procede que el Gobierno inicie los trámites para liberar el peaje de la autopista AP-53, en el tramo entre Santiago y Alto de Santo Domingo (Dozón) y en todo caso implante de modo inmediato un modelo de bonificaciones similares a las de la AP-9.
