Dice así:
“A los efectos del artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital y 170 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace pública la decisión del socio único, de 13 de noviembre de 2024, que acuerda la reducción de capital social en 211.521.000,00 euros.
En consecuencia, el capital social (antes 611.521.000,00 euros) queda fijado en 400.000.000,00 euros. Se amortizan 211.521 acciones (numeradas de manera correlativa del 400.001 al 611.521) y el capital quedará dividido en 400.000 acciones con valor nominal de 1.000 euros por acción. Todas las acciones siguen perteneciendo al socio único, la Entidad de Derecho Público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El socio único ha acordado, simultáneamente a la reducción de capital social, aplicar 61.847.220,71 euros de la reserva legal para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.
La reserva legal, tras la reducción de capital social, queda fijada en 40.000.000 euros; el 10% de la nueva cifra de capital social.
El socio único ha acordado que, una vez aplicada esa parte de la reserva legal para compensar pérdidas, el importe de la reducción de capital social se destine a los siguientes fines:
a) Para compensar pérdidas, 23.359.158,72 euros.
b) Para compensar las reservas negativas de conversión al nuevo Plan General Contable, 5.347.697,59 euros.
c) Para compensar las reservas negativas de fusión con la filial Nexea, 135.323,49 euros.
d) Para dotar una reserva voluntaria, 182.678.820,20 euros.
En consecuencia, la reducción de capital se realiza con la finalidad de sanear el patrimonio neto de la Sociedad y compensar las pérdidas acumuladas de los ejercicios anteriores y las previstas para el propio ejercicio 2024.
El acuerdo de reducción del capital social implica la modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos.
Conforme a los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital, los acreedores podrán ejercitar el derecho de oposición en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo.
Madrid, 15 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Domínguez Olivera.”
Valoración
Esta decisión es la expresión de la pésima gestión del anterior presidente de Correos Juan Manuel Serrano nombrado a dedo y por el único criterio de amistad por Pedro Sánchez, y mantenido a ultranza durante un lustro por él, por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera María Jesús Montero y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
En 2023, Serrano dejó un resultado de explotación negativo de -174,31 millones de euros y pérdidas en cinco años superiores a los mil millones de euros, con el consiguiente quebranto para la hacienda pública.
Bajo su mandato, el patrimonio disminuyó a un ritmo alarmante. Pasó de los 851,17 millones de 2022 a los 724,38 millones de 2023, lo que supuso una disminución de 126,79 millones de euros (-14,89 %).
Si tomamos los cinco años de presidencia de Juan Manuel Serrano constatamos una monumental caída del patrimonio neto del 49,69 % pasando de 1.457 millones en 2019 a tan sólo 724 millones en 2023.
La reducción de capital tiene por objetivo compensar pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial.
De no hacerlo estarían cerca de entrar en causa de disolución, que se produce cuando el patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital social, y este es el caso, dadas las pérdidas acumuladas más las que se prevén para este año 2024.
Desde el GPP llevamos años advirtiendo de este desenlace y vamos a exigir responsabilidades de esta situación al presidente del Gobierno por su responsabilidad “in eligendo” y a la vicepresidenta Montero y a la presidenta de la SEPI por su responsabilidad “in vigilando”.
A tal efecto registraremos nuevas iniciativas parlamentarias.
