Dice así:
“El Gobierno de España está inmerso en un abismo de ineficiencia e incompetencia. Su exclusiva ambición de mantenerse en el poder, sin importar las nefastas consecuencias que ello supone, no es sólo una evidencia de su poca utilidad para el conjunto de los españoles. Es también un reflejo de cómo, velando exclusivamente por sus intereses particulares y partidistas, Pedro Sánchez perjudica directa y conscientemente a los ciudadanos cada día que se mantiene en el poder.
Un buen ejemplo de ello fue lo ocurrido en el Pleno del Congreso, reunido el 22 de enero de 2025 en sesión extraordinaria, que derogó el “Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social”
La no convalidación de este Real Decreto Ley fue fruto, exclusivamente, de dos circunstancias independientes, pero íntimamente vinculadas entre sí: la primera, la extrema debilidad de este Gobierno; y la segunda, la absoluta falta de respeto e hipocresía que aquel texto suponía para el conjunto de los españoles, las Cortes Generales y el ordenamiento jurídico. Ambas circunstancias son responsabilidad exclusiva del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Los chantajes de este Gobierno fueron la causa única de que, cuestiones de gran relevancia para el día a día de los ciudadanos no salieran adelante, por concurrir entremezcladas con otras medidas que, lejos de mejorar la vida de los españoles, empeoraban aún más sus condiciones de vida y que eran, por ende, inadmisibles.
La consecuencia fue que el citado Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, que había entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 24 de diciembre, dejó por tanto de aplicarse. Y por ello no entró en vigor su Disposición final cuarta, que se titulaba: “Modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal”
Al Grupo Parlamentario Popular le preocupa extraordinariamente la desastrosa situación económico-financiera de la gran empresa pública estatal Correos. Sin duda el principal responsable de ello ha sido Pedro Sánchez, por haber nombrado presidente de Correos a Juan Manuel Serrano, por los únicos criterios de amistad y de coincidencia política, toda vez que era su jefe de gabinete en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, a sabiendas de que no reunía las condiciones de experiencia y solvencia para gestionar esta gran empresa.
En los cinco años de presidencia de Correos de Serrano, las pérdidas superaron los 1.000 millones de euros y el patrimonio neto cayó un 49,69 % pasando de 1.457 millones en 2019 a tan sólo 724 millones en 2023.
Tan grave es la situación de Correos que en la exposición de motivos del derogado RDL 9/2024 se decía literalmente: “la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un ebitda negativo recurrente que actualmente condiciona la viabilidad económico-financiera” y se añadía “Ese conjunto de medidas constituye, junto con las incluidas en este Real Decreto-ley, un todo necesario para eludir en el corto plazo el riesgo de disolución de empresa”.
El Grupo Parlamentario Popular está convencido de la viabilidad del Grupo Correos siempre que esté bien gestionado y que se aborden profundas transformaciones en el operador público postal, una gran empresa por dimensión, capilaridad y capital humano, nada menos que 50.221 empleados.
El ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a haberlo solicitado el Grupo Parlamentario Popular, no ha comparecido todavía en el Congreso para informar sobre el contenido del Acuerdo Marco Estratégico y sobre Plan Estratégico de 2024-2028 suscritos ambos en julio del pasado año.
Desde el GPP entendemos necesario un debate sobre las medidas que se planteaban en la Disposición final cuarta del RDL 9/2024 que abordaba una modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
Modificaciones legales que ampliaban el plazo durante el que Correos continuará como operador designado para prestar el Servicios Postal Universal, habilitaban a Correos a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero, y daban cobertura legal a las estipulaciones que podrán pactarse cuando, por mutuo acuerdo y en el marco del Plan Estratégico 2024-2028. Además de regular el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios.
Por todo lo anterior consideramos que, el ejecutivo si desea volver a abordar estas modificaciones legales, ha de hacerlo aprobando en Consejo de ministros un nuevo Real Decreto Ley de temática exclusivamente postal, que permita el necesario debate de convalidación en el Congreso de los Diputados, en el que el Grupo Parlamentario Popular valorará con seriedad y espíritu constructivo las medidas y acciones necesarias para la transformación del Grupo Correos, su viabilidad y la sostenibilidad financiera de esta gran empresa pública estratégica para España.
“El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
Que el Consejo de ministros apruebe un Real Decreto Ley con un único contenido relativo a la modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, de modo que permita un debate de convalidación en el Congreso de los Diputados”
