Me correspondió la defensa de una las registradas por el GPP y estas fueron mis palabras:
"Intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para defender esta proposición no de ley que
nuestro grupo registró el 19 de diciembre del pasado año.
Una iniciativa que
pretende que esta Comisión traslade al Gobierno la necesidad imperiosa y
urgente de incrementar y agilizar la ejecución del presupuesto del Ministerio
de Vivienda y Agenda Urbana, así como la de los fondos Next Generation que la
UE puso a disposición de España.
EL GOBIERNO INCUMPLE EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PRESENTAR PRESUPUESTOS
Procede comenzar citando el Artículo 134
de la CE, ya que Pedro Sánchez incumple flagrantemente su obligación de elaborar y de presentar ante el Congreso de los
Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior.
Este Gobierno
es incapaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado y se ha "acostumbrado" a gobernar
mediante prórrogas presupuestarias y decretos ley.
Así que
estamos en 2025 funcionando con los presupuestos de 2023 prorrogados. Pero, es que además se ejecutan pobremente.
Estos son los datos de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) hasta 30 de noviembre de 2024, que son los últimos publicados.
BAJA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
El Ministerio de
Vivienda y Agenda Urbana disponía en 2024 de unos créditos definitivos por
importe de 4.175.692 millones de euros, pero las obligaciones reconocidas
netas solo llegaron a 1.065.824 millones de euros, lo que representa el 25,5 % de realización.
Sólo hay dos
Ministerios con peores datos: El de Industria y Turismo (15,6%) y el de
Transformación Digital y función Pública (25%)
POBRE EJECUCIÓN DE LO FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
Y si atendemos en
concreto a las partidas financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
el porcentaje de ejecución presupuestaria a 30 de noviembre de 2024 era preocupantemente
bajo de conformidad con la información de la IGAE.
Los créditos
presupuestarios definitivos destinados en 2024 a Vivienda y Agenda Urbana
ascendían a 3.168.298 millones de euros y las obligaciones netas reconocidas a
409.559 millones de euros, lo que representa un pobre 12,9 % de realización.
Señalar que la media
nacional del MRR era del 34,6 %. Y que sólo hay dos ministerios con peores
grados de ejecución: el de Industria con un 10,3 % y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con
un 8,8 %.
Resulta imprescindible asegurar la plena ejecución de
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los conocidos como
fondos Next Generation, así como los objetivos del programa, muy singularmente
la cogobernanza del mismo.
Todos estos datos oficiales demuestran que, aunque el Gobierno pretenda reivindicar sus políticas de vivienda, lo cierto es que están lejos de ser una prioridad real para el Ejecutivo. Hay más propaganda que medidas.
CONCLUSIONES
Por mucho que Pedro Sánchez proclame el “compromiso
rotundo” de situar “la vivienda como el quinto Pilar del Estado del bienestar”
la realidad le desmiente.
En junio de 2018, cuando Sánchez llegó al
poder, la vivienda era, con un 2,4%, la preocupación
número 16 de los españoles.
En el barómetro del CIS de diciembre de 2024, la vivienda ocupa el
primer lugar en el orden de
preocupaciones de los españoles, con un porcentaje del 22,3%, siendo los jóvenes los más directamente afectados.
La ausencia de medidas para facilitar la entrada de nuevas viviendas en el mercado hunde la oferta, tanto en alquiler como en compra, muy alejada de la demanda existente.
La frivolidad ideológica en el discurso y la escalada propagandística ha derivado en la promesa de Sánchez, a lo largo de seis años, de hasta 183.000 viviendas, que siguen en vía muerta.
La situación de excepcionalidad y emergencia por la que atraviesa la vivienda, aunque común a toda España, es especialmente preocupante en ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga o Alicante, y afecta mayoritariamente a la población joven y de menor poder adquisitivo.
Desde que gobierna Sánchez el agravamiento progresivo de esta situación ha provocado enormes dificultades económicas y sociales.
Las políticas del gobierno en esta materia, lejos de dar solución, lo están agudizando.
Los jóvenes han retrasado su emancipación, se está poniendo en riesgo el futuro de nuestros mayores y las personas más vulnerables ven cómo cada día necesitan mayor esfuerzo y se incrementan sus problemas para encontrar y costear una vivienda.
El acceso a la vivienda es una prioridad de Estado. Por tanto, debe ser una prioridad de todos y en la que todos debemos aportar en base a nuestra responsabilidad.
Sometida a iniciativa la votación resultó aprobada.