Esta semana registré en el Congreso de los Diputados esta pregunta escrita dirigida al Gobierno. Versa sobre el servicio postal universal que el qué garantiza la prestación permanente de determinados servicios postales en todo el territorio, con estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional (la “carga financiera injusta”) que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público.
Dice así:
“El Pleno del Congreso, reunido el 22 de enero de 2025 en sesión extraordinaria, derogó el “Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social”
La no convalidación de este Real Decreto Ley fue fruto, exclusivamente, de dos circunstancias independientes, pero íntimamente vinculadas entre sí: la primera, la extrema debilidad de este Gobierno; y la segunda, la absoluta falta de respeto e hipocresía que aquel texto suponía para el conjunto de los españoles, las Cortes Generales y el ordenamiento jurídico. Ambas circunstancias fueron responsabilidad exclusiva del ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
La consecuencia fue que el citado Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo, que había entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 24 de diciembre, dejó por tanto de aplicarse. Y por ello no entró en vigor su Disposición final cuarta, que se titulaba: “Modificación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal”
Entre las citadas modificaciones legales estaba la ampliación del plazo durante el que Correos continuará como operador designado para prestar el Servicios Postal Universal, la habilitación a Correos para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo y financiero, y las que dotaban decobertura legal a las estipulaciones que podrán pactarse por mutuo acuerdo y en el marco del Plan Estratégico 2024-2028. Además, se regulaba el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios
Pese al tiempo transcurrido desde el 22 de enero, todavía no nos consta que el ejecutivo haya aprobado norma alguna para abordar las citadas modificaciones legales.
Por todo lo anterior preguntamos,
¿Cuándo y cómo prevé el Gobierno regular la ampliación del plazo durante el que la Sociedad Estatal Correos continuará como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal que se contemplaba en la disposición final cuarta del derogado Real Decreto-ley 9/2024? “
