Este fin de semana la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE – Andaluz, se refirió así a la sentencia absolutoria de Dani Alves: "qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante"
Lo más grave de estas declaraciones es que una persona que ostenta una altísima responsabilidad en el ejecutivo cuestione de esta manera la presunción de inocencia que es un principio por el cual una persona será tratada como inocente hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad. Es uno de los derechos fundamentales garantizados en la Declaración de Derechos Humanos, artículo 11.1 y de la Constitución Española., artículo 24.2
Tan irresponsables son estas declaraciones que se ha producido un hecho inusual y es que siete asociaciones de jueces y fiscales de España haya emitido este:
COMUNICADO CONJUNTO DE TODAS LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES
Ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia prevalezca «sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas», las asociaciones judiciales y fiscales firmantes expresamos lo siguiente:
1. Respeto a la independencia judicial
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial.
2. Importancia de la presunción de inocencia
La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios.
3. Protección de los derechos de las víctimas
Reconocemos la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto.
4. Llamado a la responsabilidad institucional
Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales.
Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho.
Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas.
Madrid, 31 de marzo de 2025
Asociación Profesional de
la Magistratura Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para
la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión
Progresista de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.