El Defensor de Pueblo
lleva años señalando en los informes anuales de la institución que “una causa
clave de estos problemas es la insuficiencia del parque de vivienda pública
protegida”. Y en este sentido, Ángel Gabilondo ha insistido en su exposición en
“que es imprescindible un aumento significativo de la oferta de vivienda
pública, preferentemente en alquiler, de modo que se dé una respuesta eficaz a
las necesidades sociales existentes en este ámbito”.
El Defensor del
Pueblo ha recordado que “la institución actúa, principalmente, través, de las
quejas recibidas de los ciudadanos” y ha indicado que “en 2024 se recibieron
una veintena de quejas relacionadas con ocupación de vivienda, frente a más de
200 que se registraron relativas a desahucios”.
Sobre asuntos migratorios, Ángel Gabilondo ha resumido algunas actuaciones realizadas en 2024 por la institución sobre, por ejemplo, las personas fallecidas o desaparecidas en el tránsito migratorio, o las relativas a dificultades para acceder a citas de protección internacional, o los problemas del sistema de acogida.
El Defensor del Pueblo subrayó, en relación con la inseguridad ciudadana, que “no es asunto sobre el que se reciba gran volumen de quejas. En 2024 se contabilizaron 32. Y puntualizó que “éstas no son necesariamente referidas a personas extranjeras”. Ángel Gabilondo resaltó que “la ciudadanía no identifica al Defensor del Pueblo como la instancia para dirimir las cuestiones de seguridad en sus barrios o domicilios, sino que si tiene algún problema de ese tipo acude directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
La adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, han asistido a la comparecencia del Defensor del Pueblo
