La iniciativa
pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a:
1. Retirar el
borrador del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte
público interurbano regular de viajeros por carretera realizado en mayo de 2022.
2. Elaborar una
nueva propuesta, y para realizarla con carácter previo y de manera urgente
convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, como marco necesario para que
las Comunidades Autónomas puedan abordar con el Gobierno de España el
planteamiento del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte
público interurbano regular de viajeros por carretera.
3. En el caso de
que quisiera transferir tráficos a las Comunidades Autónomas, acordar
previamente con cada una de ellas la modificación del nuevo mapa concesional,
reformulando su planteamiento, teniendo en cuenta las particularidades y la
realidad de los distintos territorios.
4. Establecer un
marco estable y permanente de financiación para las Comunidades Autónomas que
garantice a estas cubrir el coste de prestación durante todo el periodo de
vigencia de los contratos de los servicios de transporte público interurbano
regular de viajeros por carretera que deje de prestar la Administración General
del Estado según acuerdo previo entre las partes.»
Estas demandas van fundamentadas en esta exposición
de motivos:
“En mayo de 2022 el Ministerio de Transportes envió a
las comunidades autónomas un borrador del nuevo mapa concesional estatal de los
servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, en el que se
suprimen 9.305 paradas de autobús en 1.417 municipios (un 74,11 % menos), 456
rutas (un 47,20 % menos), con una población de 3.205.018 habitantes que
quedarían sin servicio de autobús estatal, que en el año 2019 tuvieron una
demanda de 652.660 viajeros/año, y 73,45 millones de vehículos-Km menos (un
30,77 % menos).
Los criterios del mapa estatal planteados en el
documento de mayo de 2022 son los de contar con servicios de transporte
directos, conexiones con grandes nodos de población y grandes flujos entre
capitales de provincia y grandes poblaciones, lo que no atiende a las
necesidades de toda la población del territorio nacional, y choca de lleno con
la realidad de territorios con amplia dispersión y afectados por el reto
demográfico.
El Gobierno de España pretende que las Comunidades
Autónomas asuman los servicios que suprime el Estado, y que se incluyan en los
mapas autonómicos, sin haber evaluado ni consensuado las interferencias que
arrojan a las comunidades autónomas y sin el compromiso de financiación por
parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas. Todo ello teniendo en
cuenta que el Ministerio se reserva la prestación de los servicios de
transporte con más viajeros y con más ingresos por la venta de billetes, y por
tanto los que son rentables, y sin embargo traslada a las comunidades autónomas
los servicios con menos viajeros y por tanto deficitarios desde el punto de vista
de su financiación.
Desde que se conoció el borrador del mapa estatal, el
Grupo Parlamentario Popular se ha opuesto radicalmente a su planteamiento. En
abril de 2024 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reactivó el
mapa estatal, con el mismo contenido y con los mismos criterios que los del
borrador de mayo de 2022. En mayo de 2024 varias comunidades gobernadas por el
Partido Popular solicitaron al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Transportes para tratar
este tema de gran repercusión en muchas comunidades autónomas. El Gobierno de
España obvió dicha solicitud de las comunidades autónomas.
En octubre de 2024 las comunidades autónomas han vuelto
a dirigir una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para
solicitar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes,
recordando que la misma no se convoca desde julio de 2022 y que según lo
estipulado en su Reglamento se establece en su artículo 13.1 que «la
Conferencia se reunirá en sesión ordinaria a convocatoria de su presidente al
menos una vez cada seis meses».
En la carta se traslada el rechazo de las comunidades
autónomas al diseño del nuevo mapa concesional estatal, al estar basado en un
diseño que elimina rutas, elimina paradas, elimina servicios e incrementa
trasbordos y no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país.
Los datos concretos ofrecidos en el borrador del mapa
estatal a nivel de España, que eliminan 9.305 paradas, 456 rutas en 1.417
municipios y que suprimen 73,45 millones de vehículos-Km, con los propios
índices que maneja el Ministerio (observatorio de transportes de viajeros en
autocar) resulta que el coste mínimo por la prestación de los servicios que
deja de realizar la Administración General del Estado con el nuevo mapa
concesional, y que pretende que asuman las diferentes comunidades autónomas,
asciende a 110 millones de euros.
Teniendo en cuenta esta información y estos números,
sorprende enormemente que el Ministerio haya ofrecido una aportación total
directa a todas las comunidades de 25 millones de euros «de forma temporal»,
dado que supone apenas el 23 % de lo necesario, con el añadido de que además no
es una aportación ni permanente ni estable como debería. No hay que olvidar, en
este sentido, que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que promueve el
Gobierno de España impone a las comunidades autónomas la asunción de los
tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de
concesión estatales. Se trata por tanto de una imposición del Gobierno de
España, sin que se cuente con las comunidades autónomas.
La iniciativa del rediseño del mapa estatal, tal y como
está planteado conllevará una menor conectividad y más dificultades para la movilidad
de las personas que viven en zonas menos pobladas y, en consecuencia, lesivo
para gran parte del territorio nacional y del medio rural. A pesar de que el
Gobierno de Sánchez alardea de que el nuevo mapa concesional moderniza el
transporte con más eficiencia y mejores tiempos de viaje y que el plan tiene
como objetivo optimizar las rutas de autobuses, para reducir tiempos de viaje y
bajar tarifas en un 20 %, favoreciendo la competitividad del transporte
público, la realidad es que esto enmascara que el plan lo que supone es la
supresión de servicios que hasta ahora ha prestado el Ministerio y que
pretende, sin consenso ni acuerdo previo, que sean asumidos por las comunidades
autónomas.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no podemos admitir
este planteamiento, que supone un nuevo desprecio del Gobierno de Sánchez a los
ciudadanos.”
